Luis Lacalle Pou, presidente de la República, decidió terminar con la emergencia hídrica luego de las lluvias registradas en Uruguay en los últimos días. 

Con la firma de un decreto, dejó sin efecto otro del mes de junio en el que declaraba la emergencia hídrica en la zona metropolitana dado los pocos recursos disponibles para abastecer a la población de agua potable y exoneración del IVA. 

Exoneración del IVA 

Es por eso que con esta decisión también cae una ley aprobada por el Parlamento en junio para eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al agua embotellada al igual que otro decreto para eliminar el Imesi. 

Esto le permitió a los uruguayos pagar un bidón de 6,25 litros $90, en lugar de $!30 antes de la declaración de la emergencia. 

La ley para quitar el IVA y el decreto del 0% para el Imesi indicaban serían hasta la fecha de finalización de la declaración de emergencia hídrica 

Lacalle Pou declaró que el Estado hizo un gasto de $70 millones de dólares entre la distribución de dinero para garantizar dos litros de agua por día a 500.000 personas, la obra del río San José al Santa Lucía y la quita del IVA para la venta de agua embotellada. 

Impacto en la población 

Martín Lema, ministro de Desarrollo Social (MIDES) comunicó en rueda de prensa que desde el ministerio garantizó la compra de más de 66 millones de litros de agua en distintas poblaciones que tenían algún tipo de vulnerabilidad, como por ejemplo los usuarios del Plan Equidad y de la Tarjeta Uruguay Social, como también jubilados y pensionados de bajos ingresos. 

A su vez, destacó que la última transferencia se realizó el 11 de agosto para garantizar los dos litros de agua por día, con un monto de dinero que debería alcanzar hasta el 11 de septiembre.

Además de la exoneración del IVA, otras medidas que se tomaron y que beneficiaron a la población, como el permiso de la Intendencia de Montevideo para que se pueda comercializar agua proveniente del interior de Uruguay sin realizar el proceso administrativo de registro. También se levantó la restricción para el agua proveniente de otros países.