Como bien es sabido, la inflación es el aumento escalonado de los precios de todos los bienes y servicios dentro de una economía durante cierto período de tiempo. Este fenómeno monetario es nocivo para los agentes económicos que lo padecen ya que los salarios pierden valor real frente al avance de todos los precios. Mientras que los ahorros valen cada vez menos.
Si bien una inflación moderada de un dígito puede traer ciertos beneficios para la economía local, como el aumento de las inversiones y la posibilidad de licuar de ciertas deudas, una inflación alta como la que tiene Argentina -que se encuentra alrededor del 64% anual durante el 2022– trae algunas consecuencias:
- Desmotiva las inversiones dentro del país.
- Fomenta la fuga de capitales.
- Dispara el precio de divisas extranjeras más sólidas, como el dólar, por el aumento de la demanda de esta moneda.
- Pérdida del valor real de los ingresos.
Inflación como impuesto
Aunque las desventajas mencionadas anteriormente son las más conocidas, la inflación también implica un elemento impositivo que muchos de los individuos de una economía desestiman o ignoran.
Técnicamente, los impuestos son cargas que los agentes económicos están obligados a pagar a una entidad gubernamental sin que exista una contraprestación a cambio. Pero, ¿cómo se relaciona esto con la inflación?
¿Cómo funciona el impuesto inflacionario?
El Estado tiene el poder de emitir billetes sin respaldo. Esto constituye una de las principales causas de inflación ya que aumenta la base monetaria y hay exceso en la oferta de la moneda. Ahora bien, si por más que esto perjudica al sector privado e incluso a los empleados públicos, el Estado puede aprovecharlo para solventar parte de sus deudas o llevar a cabo políticas públicas utilizando dinero recién impreso que tendrá menos valor cuando los precios de los bienes y servicios aumenten.
En otras palabras, el Estado cubre, paga deuda o realiza políticas públicas con dinero que su propio banco central emite. Esto genera inflación a corto y mediano plazo. Por ende, el Estado, al emitir, se financia a costa de los agentes económicos, que percibirán los efectos de esos papeles emitidos luego que el Gobierno ya los haya utilizado. Es por esto que la inflación se puede interpretar como un impuesto no legislado. Este mecanismo para que el Estado se financie vía inflación también es conocido como señoreaje.
Sin ir más lejos, con el papel impreso el Estado puede comprar dólares o activos valiosos como bonos que irán a formar parte de sus reservas. Y, nuevamente, estas reservas se financian mediante el impuesto inflacionario que terminan pagando los trabajadores, no directamente sino de forma indirecta, con el deterioro de sus ahorros y de su capacidad adquisitiva.
A modo de ejemplo; si un empleado de una fábrica cobra el mismo sueldo durante un año y en ese mismo año la inflación alcanzó un 50%. El valor real de su salario cayó a la mitad, producto de este impuesto.
Entonces, siempre que en una economía local haya inflación existe un impuesto inflacionario con el cual el Estado se financia. La contrapartida de esto es el deterioro del poder real de los salarios.
¿Cómo ganarle a la inflación?
Como hemos visto, el fenómeno inflacionario esconde un impuesto, que no es otra cosa que el deterioro del poder real de los ingresos para solventar los gastos del Estado. Y si a esto le sumamos que en Argentina la inflación parece ser inevitable, es necesario buscar maneras para que nuestros ahorros no se vean tan deteriorados.
Algunos consejos:
- Ahorrar en divisas más sólidas como el dólar o el euro.
- Encontrar alguna inversión segura y rentable en pesos cuyo interés sea mayor al porcentaje inflacionario.
- Realizar las compras que sean necesarias lo antes posible, para evitar que, indefectiblemente, aumente el precio del bien o del servicio que deseamos consumir.
- Realizar un presupuesto mensual para evitar gastos innecesarios.
- Comparar precios y aprovechar ofertas antes de comprar.